Por Gustavo Espinoza M.
Este 12 de septiembre se cumplirán 16 años de la detención deRené González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González Llort, cinco ciudadanos cubanos que radicaban ilegalmente en los Estados Unidos y que dedicaban su tiempo a informarse del accionar terrorista que se implementaban desde el territorio de La Florida contra su país; y lo reportaban a Cuba a fin de proteger a sus habitantes.
La información proporcionada por ellos, permitió al Estado Cubano impedir la consumación de numerosos actos criminales que hubiese dejado una dolorosa secuela en pérdida de vidas humanas y daños materiales. Además, sirvió para que Cuba entregara al gobierno de los Estados Unidos, un “dossier” completo que acreditaba la voluntad de esas acciones, así como la participación de ciudadanos cubanos residentes en Miami y sus vínculos con los servicios secretos de los Estados Unidos.
Esto último -quizá- fue el detonante para su identificación y captura. Aparentemente, el FBI ya los tenía en la línea de mira, de tal manera que no le fue difícil disponer su detención, la misma que ocurrió como resultado de un operativo relámpago. Un mismo día, a una misma hora, fueron intervenidos todos, en los domicilios en los que habitaban.
Es conocido el hecho que, producidas las capturas, los cubanos fueron absolutamente incomunicados, situación ilegal que se prolongó durante 17 meses, lapso en el que fueron confinados en celdas de castigo, absolutamente inhumanas, en las que se suele recluir por 24 horas a presos que han asumido una alterada e incontrolable conducta.
En ese lapso, no pudieron ser visitados por sus familiares, ni por abogados que conocieran la causa. El propósito del aislamiento, era “quebrarlos” para arrancarles una “confesión” destinada a involucrar a Cuba en acciones hostiles a los Estados Unidos.
Ante el fracaso de ese intento, habida cuenta del comportamiento de los detenidos, optaron por “legalizarlos”. Entregarlos a la “justicia ordinarias” y someterlos a un proceso en el lugar menos aparente del mundo: La Corte de La Florida, donde pululan grupúsculos de cubanos disidentes, que salieron de su país afectados por medidas y acciones adoptadas en la isla por el Gobierno Revolucionario que asumiera el poder en 1959.
Los “cargos” originales no sorprendieron a nadie: fueron acusados de espionaje y terrorismo ante un Tribunal integrado por la voluntad expresa de condenarlos. Desde un inicio, los afectados por este proceso, estaban absolutamente convencidos que no saldrían absueltos.
En la Corte, comparecieron desde agentes de los servicios secretos de los Estados Unidos hasta ex funcionarios de la administración yanqui. También, expertos en espionaje y terrorismo, y simples ciudadanos vinculados de una u otra manera con el proceso. Tan burdo fue el procedimiento usado que, finalmente, ambos cargos debieron ser retirados: La Fiscalía del Estado se vio forzada a admitir que no tenía pruebas para sustentarlos.
Podrían los jueces, entonces, asumir dos conductas: o liberarlos por absoluta falta de pruebas, o procesarlos por lo que se consideran“delitos menores” -identidad falsa, trabajo ilegal, permanencia no registrada en el Estado-. Si hubiesen optado por la segunda opción, hubiese correspondido para los acusados, una pena no mayor de seis meses de prisión, sentencia que hubiese concluido con su inmediata expulsión del territorio de los Estados Unidos y la consiguiente prohibición de re ingreso al país. Pero ninguna de ellas fue asumida por la Corte.
Los jueces, “idearon” delitos en ese entonces inexistentes:“colusión ilegal para cometer delitos” o “asociación ilícita para consumar crímenes”, ninguno de los cuales -por cierto- se produjo. Pero gracias a esa prolija caracterización, los Magistrados dictaran sentencias: un total de 4 Cadenas Perpetuas más casi 97 años de cárcel para los sentenciados.
El horror de las condenas, y los métodos usados para justificarlas indignaron al mundo. En todas partes surgieron voces de protesta. Y en todas partes surgieron grupos de trabajo y comités solidarios que exigieron la revisión de la causa y la anulación de estas írritas sentencias.
Lo primero, finalmente, se impuso. Las “cadenas perpetuas” fueron reducidas a dos y los años de cárcel fijados un total de 114 años para los 5 procesados. Pero las condenas se mantuvieron en pie, no obstante numerosos hechos que ameritaban largamente su nulidad.
En estos 16 años transcurridos en medio de incesantes trámites administrativos y judiciales, la Defensa logró reunir innumerables argumento de orden jurídico a favor de los encausados. Incluso, testimonios que desacreditaban al “Jurado” encargado de dictar sentencia, conformado por personas previamente seleccionadas para ese efecto, y no para definir su voto en estricta justicia. En el extremo, fue posible demostrar que el Gobierno de los Estados Unidos había pagados importantes sumas de dinero a periodistas norteamericanos para que escriban notas o artículos condenatorios, inventando acusaciones, contra los 5.
Eso había ocurrido con hombres de prensa que publicaron infundios en el Nuevo Herald, el Miami Herald, el New York Times, y otros importantes medios de opinión de los Estados Unidos de América.
Los cargos fantasmales, la campaña de prensa ideada y ejecutada, el odio que se destiló contra ellos, alcanzó una magnitud extrema, como no se conocía desde los años del proceso a los esposos Rosenberg, ejecutados en 1954, Por esa razón, con toda propiedad, el destacado escritor brasileño Fernando de Moraes los bautizó como “los últimos soldados de la guerra fría”.
Y es que, en efecto, se les trató con la misma vesanía con la que un gobierno ofuscado podría tratar a enemigos capturados en plena acción, en el caso de una guerra, y en el momento del más crudo y violento combate.
Nada de eso realmente existía. No había ninguna guerra, el supuesto “enemigo” -el socialismo realmente existente- había sufrido ya en ese entonces, una inocultable derrota al desaparecer la URSS y desmantelarse el sistema existe en Europa del Este; y Cuba -apenas una isla situada a 90 millas de los Estados Unidos- no constituía en absoluto amenaza alguna para el país que se alzaba como la única “Gran Potencia” en el planeta..
No obstante, estos cinco valerosos luchadores contra el terrorismo fueron sometidos a las prácticas más aberrantes. De modo constante, fueron instalados en celdas de castigo -“el hueco”, las llaman-, vieron suspendidas o suprimidas las visitas de sus familiares, a ellos tuvieron que entrevistarlos esposados y a distancia, Ni siquiera les permitieron permanecer juntos en una misma celda, pabellón o presidio. Los “repartieron” en distintos penales de los Estados Unidos, para que se sintieran solos, aislados, incomunicados entre si, y ajenos a cualquier eventual encuentro.
En estas oprobiosas condiciones, dos de ellos -René y Fernando González- cumplieron sus sentencias y radican actualmente en Cuba, a donde volvieron para estar con los suyos y con su pueblo; pero tres continúan en prisión.
Antonio Guerrero está condenado a casi 22 años de cárcel - 21 años y 9 meses-. Ramón Labañino, a 30 años y Gerardo Hernández Nordelo, a 2 Cadenas Perpetuas, más 15 años de cárcel. La voluntad de sus captores, es que muera en prisión.
Los 5 son inocentes. No han cometido delito alguno que se compadezca con las sentencias que les fueron dictadas. Así lo reconoció expresamente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Wola y numerosos otros organismos a nivel mundial. También lo han sostenido así 10 Premios Nobel, gobernantes y ex gobernantes de numerosos Estados, parlamentos y parlamentarios, ministros, líderes de congregaciones religiosas, personalidades de todos los países. La causa de los 5 se ha convertido en una causa universal.
El Presidente Barack Obama no tiene responsabilidad en la captura de los 5, en el procesamiento a que fueran sometidos, ni en las condenas. Pero sí tiene la posibilidad de hacer justicia. Dentro de sus atribuciones constitucionales está disponer la libertad de quienes aún están encarcelados. Lo demanda el mundo.
16 años de cárcel, es mucho tiempo. Pero aún es mayor, cuando se sabe que quienes cumplen esa sentencia, no son delincuentes, sino profesionales que pusieron en juego sus propias vidas, para salvar la vida de otros. La justicia debe ser hecha. Los 5 habrán de recuperar la libertad. No cabe duda. (fin)
(*) Presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5 / (*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera: http://nuestrabandera.lamula.
No hay comentarios:
Publicar un comentario